El derecho a decidir

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Hemos podido escuchar recientemente al líder de la oposición, en un comité federal de su partido el PSOE, rechazar sin ningún tapujo el “derecho a decidir”, llegando a afirmar que “Si el debate se centra en el derecho a decidir no habrá salida”, unas declaraciones que sus palmeros se han apresurado a suscribir. Ciertamente en este caso se referían al derecho de los pueblos a decidir acerca de su propia autodeterminación, un derecho reconocido internacionalmente y regulado en otros países, que no es ninguna novedad, y que sin embargo no es el objeto de este artículo. Porque, independientemente de la opinión que se tenga acerca del derecho de autodeterminación, si uno lo piensa detenidamente, no puede dejar de sorprenderse cuando escucha estas afirmaciones por lo bien que retratan la opinión del Leviatán PPSOE al respecto del derecho de las personas a decidir en cualquier aspecto de la política, no sólo en lo que concierne a la cuestión territorial. Como no podía se de otra forma, el partido en el poder no ha tardado tampoco en emitir su dictamen: el derecho a decidir, la soberanía, es algo que para esta gente “no sirve para nada“.

Porque lo cierto es que, tal y como nosotras y muchas otras personas denunciamos, para la práctica totalidad de los partidos políticos en España, el “derecho a decidir” se limita a que metamos su papeleta en una urna cada cuatro años. El régimen político español prohibe todas las libertades políticas con la excepción de la libertad de elección de los representantes, que son ellos, tergiversada y restringida por tanto para perpetuar su alternancia en una gestión que en poco se diferencia del totalitarismo. En España, en efecto, se prohíbe todo ejercicio del poder constituyente popular, blindando el texto constitucional, y se impiden las demás herramientas de participación, como los presupuestos participativos o la iniciativa popular, se combate todo órgano de participación popular y se reprime y criminaliza a quien se atreve a reclamar el ejercicio de este “derecho a decidir” sobre lo que sea. Porque para los partidos políticos en España el derecho a decidir sólo lo pueden tener ellos cuando les toca.

Pero no nos encontramos ante un problema que concierna únicamente a la clase política española. El despotismo y el desprecio por el derecho a decidir de nuestros “representantes”, quienes no obstante se autoproclaman “demócratas”, impera allá donde la democracia liberal se ha impuesto, países donde desgraciadamente quien gobierna es el capital, no las personas. Las reacciones de los políticos europeos ante el anuncio del Primer Ministro del Reino Unido de convocar un referéndum sobre su permanencia en la Unión Europea son un claro ejemplo de cuáles son las prioridades para estos personajes que nos gobiernan. Eso, evidentemente, no es democracia, es otra cosa, o dicho de otra forma: lo llaman democracia y no lo es.

Aunque reconocemos que existe una marcada diferencia entre la posición de unos y otros al respecto, desconfiamos profundamente de estas cámaras de representantes que se atribuyen sin rubor alguno la potestad de decidir de las personas en un asunto tan crucial como su soberanía. Comprobamos con estas actitudes que el poder parlamentario se hace eco del clamor popular sólo cuando quiere, cuando le conviene por razones que no tienen nada que ver con la participación del pueblo, y rechazamos el “derecho a decidir” de las élites, basado en parámetros que poco o nada pueden tener en comun con los nuestros. Pero sabemos que más allá del sistema supuestamente representativo que se impone en la mayoría de los países del mundo, la llamada “democracia liberal”, cada vez más comprenden el significado de la democracia y abren la gestión política a las personas mediante diversas y motivantes herramientas de participación popular, que nos permitan tomar decisiones vinculantes sobre aquello que nos afecta o importa. Es en estos países, como Ecuador, Venezuela o Bolivia y otros, donde debemos fijarnos, pues con sus clarooscuros representan una alternativa real que permite y potencia la participación popular.

Un artículo publicado desde Política Corto Plazo en madrid.tomalaplaza.net

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