Apostasía de la Constitución de 1978

APOSTASÍA DE LA CONSTITUCIÓN DE 1978
ABAJO EL BORBÓN, ABAJO LA MONARQUÍA

Desde que el pasado 15 de mayo de 2011, hace ya casi un año, millones de personas salimos a las calles para denunciar la ausencia de una verdadera democracia, hemos sido víctimas y testigos de la mayor represión y persecución policial, política y mediática de los últimos tiempos. Nunca antes se había vivido en el Estado español un proceso de revuelta social como el que hemos presenciado en los últimos meses, de norte a sur, de este a oeste, la lucha ha sido imparable ¡¡¡¡ y la lucha sigue!!!

Pero ¿por qué ha sido necesaria esta ola de motín, revuelta y contestación social? ¿No era acaso España un régimen ideal de libertades? ¿No lo hacían constatar así todos esos políticos, que no nos representan, incluso en Europa y en las cumbres internacionales?

Lo que ha puesto de manifiesto esta revuelta, este motín, esta Revolución social de la cual hemos sido partícipes y protagonistas es que algo falla en el sistema, y que esa maravillosa Constitución que nos había dejado la tan ‘querida Transición’ española ha sido únicamente una venda en los ojos de la población para impedirnos ver la verdad, que no hay una verdadera democracia y que, detrás de toda esta ilusión óptica de democracia, tan sólo había una apariencia de libertades y derechos que no garantizaban absolutamente nada.

Por eso el Grupo de Trabajo Autónomo Toma La Zarzuela anima al pueblo español a hacer apostasía de la constitución española, por inoperante, por ineficaz, por inútil y por engañosa, y animamos al pueblo a tomar la plaza pública, el ágora, a empezar una nueva ola de revuelta y motín social, por una sociedad diferente, por una sociedad sin banderas ni fronteras, sin patria ni dioses legitimados por el Estado, por una sociedad verdaderamente laica que garantice la más amplia cobertura social y la mayor libertad posible, por una sociedad fundada en el principio de equidad inherente a toda solidaridad social, por el fin de la opresión, por la construcción del apoyo mutuo y la gestión asamblearia y horizontal de toda la sociedad.

Del título preliminar de la Constitución española de 1978 hacemos apostasía porque ya de por sí en el artículo uno la constitución entra en una contradicción tautológica, por cuanto si en el punto dos del artículo primero se dice que la soberanía reside en el pueblo, entonces una verdadera soberanía popular debe negar la monarquía parlamentaria que se reclama en el punto tres el artículo primero, por cuanto si la soberanía reside en el pueblo entonces no puede existir soberano alguno, la soberanía popular debe implicar la negación de cualquier orden o tipo de monarquía.

Hacemos apostasía de la Constitución de 1978 porque el artículo dos dice que esta constitución se fundamenta en la unidad de la nación española, lo cual es un atentado al derecho de la autodeterminación de los pueblos que ha sido refrendado en Naciones Unidas.

Hacemos apostasía de la Constitución de 1978 porque en el artículo tres se dice que todo español tiene el deber de conocer el castellano que es la lengua española, lo cual supone un atentado a la libertad individual. Los españoles deben tener el derecho de conocer la lengua que ellos libremente decidan y quieran conocer. Ninguna lengua debe ser impuesta por imperativo constitucional.

Hacemos apostasía de la Constitución de 1978 porque en el articulo cuatro se dice que la bandera española consta de tres colores: rojo, amarillo y rojo, lo cual implica aceptar de facto el modelo de la bandera franquista, impuesta por un golpe de estado sangriento, que era igualmente roja, amarilla y roja, en lugar de reconocer la legítima bandera democrática de la República, amarilla, roja y violeta.

Hacemos apostasía de la Constitución de 1978 porque en el artículo seis dice que los partidos deben ser respetuosos con la constitución y deben ser democráticos, y, sin embargo, existen partidos totalmente legalizados de ideología nazi fascista, racista, xenófoba y homófoba que actúan impunemente, tienen toda la cobertura legal de la constitución y pueden presentarse a las elecciones, llegando a tener concejalías y alcaldías.

Hacemos apostasía de la Constitución de 1978 porque en el artículo siete dice que los sindicatos son libres cuando en la práctica muchos sindicalistas sufren represalias a consecuencia de su actividad sindical, como, por ejemplo, la multitud de sindicalistas detenidos, multados, y agredidos, durante la última Huelga General del 29M.

Hacemos apostasía de la Constitución de 1978 porque en el artículo siete dice que las fuerzas armadas tienen por misión la defensa de la integridad del suelo español, lo cual vuelve a vulnerar el derecho de autodeterminación, y, además, deja claro que la principal misión del ejército debe ser de carácter defensivo del propio territorio.  Sin embargo, el ejército español participa activamente en guerras internacionales e imperialistas más allá de nuestras fronteras, diciendo defender la democracia asesinando y bombardeando pueblos y aldeas en donde los daños colaterales del ejército español constituyen el asesinato de niños, mujeres, ancianos, y familias, en el nombre de una democracia totalmente vacía.

Hacemos apostasía de la Constitución de 1978 porque en el artículo 21 se reconoce el “derecho de reunión pacífica y sin armas” y se afirma que “el ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa”, pero los gobernantes desoyen tal mandato y endurecen legislatura tras legislatura el Código Penal para impedir a la población reunirse en las plazas y proponer soluciones a unos problemas que han generado los propios gobernantes, aquellos que siempre utilizan la Constitución como referente de derechos y libertades.

Hacemos apostasía de la Constitución de 1978 porque los derechos y libertades que en ella se recogen quedan expuestos a la voluntad de la casta política gobernante que, mediante Leyes Orgánicas y Reales Decretos, desvirtúa y viola dichos derechos y libertades en función de su propia y sesgada interpretación de los mismos.

Hacemos apostasía de la Constitución de 1978 porque en el artículo 33 se reconoce el derecho a la propiedad privada y que éste tiene que estar supeditado a la función social de este derecho, pero, a la hora de procesar más de 58.000 expedientes de desahucio en 2011, se defendió la propiedad privada de unos bancos causantes de la crisis, y se ignoró la función social de la vivienda familiar de las víctimas de esa misma crisis.

Hacemos apostasía de la Constitución de 1978 porque no se cumple lo que afirma en su artículo 38 sobre la capacidad de planificar la intervención pública en la economía en caso de que así lo exija la coyuntura. Es más, se impide al sector público intervenir, pero se deja al sector privado financiero planificar, modelar y distorsionar la economía productiva (burbuja inmobiliaria) habiendo causado una de las peores crisis de nuestro tiempo.

Muchas personas hubieran aceptado e incluso promovido una reforma constitucional que, entre otros artículos, modificase el artículo 31 (“Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad, progresividad”), añadiendo: “y suficiencia financiera”, con el objeto de garantizar la financiación de los servicios públicos que cubren necesidades de la población.

Pero lejos de ello, el pasado 30 de Agosto de 2011, el Gobierno español hizo exactamente lo contrario: modificar el artículo que trata sobre la Deuda Pública, el artículo 135, añadiendo el siguiente “matiz”: el pago de los intereses y del capital de la Deuda Pública ha pasado a tener prioridad absoluta sobre cualquier otro gasto en el que puedan incurrir las Administraciones Públicas, incluso sobre los gastos necesarios para mantener servicios públicos básicos, como la educación, la sanidad, los servicios sociales o las prestaciones por desempleo.

Lejos de ser consultada a la población, ésta fue una reforma exprés dictada por instituciones de la Unión Europea que no han sido elegidas de manera democrática, pero son controladas por el poder financiero internacional que ha provocado la crisis.

Al igual que el resto de políticas de recortes y ajustes, esta reforma de la Constitución fue una manera de asegurar que todos los recursos públicos posibles fueran dedicados al pago de la deuda, pero no de la deuda pública española, sino de la enorme deuda privada que bancos y empresas generaron de manera imprudente al calor de la burbuja inmobiliaria, acumulando con ello ingentes beneficios. Ahora pretenden que paguemos su avaricia transformando su deuda privada en deuda pública a costa de unos derechos que costaron generaciones de lucha conquistar.

Además, la actual monarquía parlamentaria española es heredera de todos los valores del franquismo, y fue impuesta al pueblo bajo la amenaza golpista. La transición fue un chantaje político militar en donde al pueblo español se le impuso un sistema de aparentes libertades y derechos por miedo al regreso a la dictadura. Este chantaje del que fue objeto el pueblo hay que empezar a ponerlo de manifiesto en las plazas públicas, a fin de denunciar la situación de ilegalidad en que vive España, donde, incluso, son detenidas y procesadas aquellas personas que quieren un juicio contra los crímenes del franquismo, a fin que se vuelva a la única y legítima legalidad que fue arrebatada con el alzamiento fascista del 17 y el 18 de julio de 1936.

VIVA LA REPÚBLICA, una república horizontal, asamblearia, en la que todas las personas sean verdaderamente iguales y como tales puedan tomar todas las decisiones.
VIVA LA REVOLUCIÓN SOCIAL

Manifiesto del Grupo de Trabajo Toma la Zarzuela del 15M. El texto original  (es idéntico) aquí.

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